Mirada Sur XCVIII: Tres Amigos, asonada, Bolivia, indultos peligrosos y agitación

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1. La cumbre de los “Tres Amigos” 

Los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, se reunieron en la capital mexicana, en lo que fue bautizado como la “Cumbre de los Tres Amigos”. Una referencia a una película de John Landis de 1986, que debe haber pasado desapercibida para buen parte de los observadores. Los temas salientes de la cumbre fueron la integración económica, el cambio climático y la migración hacia la frontera en el sur de Estados Unidos, un talón de Aquiles para los demócratas ante la puja por la Casa Blanca el año próximo. Joe Biden, el local, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron, entre otras medidas finalizar un plan para mejorar la coordinación y “abordar las causas profundas de la migración irregular”.

Pero el encuentro ocurre con el telón de fondo del severo problema de violencia narco que golpea a México. Y que la semana pasada desató honda preocupación internacional, luego de que la captura de uno de los hijos del conocido traficante “Chapo” Guzmán, desatara una ola sangrienta en todo el estado de Sinaloa. La captura ha sido vista por muchos analistas como un guiño a Biden de parte del actual gobierno mexicano, ya que el vínculo entre AMLO y el presidente estadounidense está lejos de ser tan fluido como lo era, curiosamente, con Donald Trump. Para tener una idea de la importancia para nuestra región, y de los logros de este encuentro, consultamos a dos voces locales de lujo. Por un lado, el director del Centro de Atlas Network para América Latina, Roberto Salinas, y por otro, la reconocida economista Ana Lilia Moreno, del Centro de Estudios México Evalúa.

Ana nos explicaba que “a diferencia de los republicanos, que eran más duros en materia de política exterior, migración, comercio, con Biden la relación es más formal, más diplomática. Por ejemplo, todos los compromisos y acuerdos alcanzados, fueron publicados antes de los discursos de la cumbre. Como para mostrar que hubo un trabajo fino, y profesional de los equipos, más allá de la relación entre los mandatarios. Algunos de los temas abordados fue la potenciación de la industria de los microchips en la región, energías limpias, etc”. Según Ana, el punto más álgido entre EE.UU. y México está en el tema eléctrico, al punto que el secretario Ebrard, de alguna forma lo vetó de las discusiones públicas. López Obrador tiene creencias muy arraigadas en el tema energético, nacionalista, estatista, soberanista, antiglobal, y también tiene muchas contradicciones”.

Por su parte, Roberto nos recordó que hacía 10 años que una cumbre de este tipo no se celebraba en suelo mexicano. Apelando a otro toque cinematográfico, Roberto dividió los resultados de la cumbre en “lo bueno, lo malo, y lo feo”.  “Lo bueno es que hubo un acuerdo en materia de industria manufacturera, sobre todo en semiconductores, para apuntalar el nearshoring, y la competitividad e integración regional. Implica ver la región como eso, como una región completa, y no como tres países, algo que es un ganar-ganar, para todos. También se avanzó mucho en materia migratoria. En resumen, hubo cosas buenas, pero también una enorme oportunidad desaprovechada en muchos aspectos”.

A la hora de hablar de “lo malo”, Roberto menciona los discursos que renuevan la idea de la sustitución de importaciones. “Esto un esfuerzo de López Obrador, que no entiende el libre comercio, las ventajas comparativas, el ganar-ganar que implica el libre intercambio de bienes y servicios. Y lo feo fue que López Obrador aprovechó para hacer simbolismos, moditos, y controversias políticas menores. En la conferencia de prensa final,  se tomó 40 minutos para responder una pregunta menor, una descortesía con los otros mandatarios”.

2. Violencia y crisis política en Brasilia 

Las noticias de la semana estuvieron marcadas por los violentos incidentes desatados por una turba de manifestantes que se niegan a aceptar los resultados de las elecciones en Brasil en las que Lula da Silva se impuso por escaso margen sobre Jair Bolsonaro. Cientos de personas vestidas con los colores de la bandera de Brasil, irrumpieron en el complejo donde se encuentran los edificios que componen el Congreso en Brasilia, destruyendo oficinas, obras de arte, y reclamando una intervención militar. Algo que no sólo no ocurrió, sino que el sistema político entero de Brasil condenó los hechos. Es más, el presidente saliente Bolsonaro, que se encontraba de viaje en los Estados Unidos, también se sumó a las condenas. Horas después, debió ser internado en un hospital por consecuencias del ataque a cuchillo que sufrió hace ya varios años en su país.

El episodio recibió enorme cobertura global. Y varios analistas vieron similitudes entre lo ocurrido en Brasilia, y lo que sucedió en Estados Unidos con el ataque al Congreso impulsado por seguidores extremistas de Donald Trump. Los gobiernos de la región, en manos mayoritariamente de mandatarios “de izquierda”, salieron a solidarizarse con Lula da Silva, y a denunciar que se trataba de un golpe de estado. Para ser honestos, lo único en lo que ese episodio pudo mostrar algún tipo de significancia mayor al que implica una turba saqueando un poder democrático del estado, es la llamativa pasividad de las fuerzas del orden. Poco después, la justicia de Brasil separó del cargo al gobernado de Brasilia, Ibaneis Rocha, por la omisión de controlar a esta turba enardecida.

La voz local. Para nuestro amigo Magno Karl, director del centro de estudios Livres,”estas acciones no fueron sorprendentes en sí mismas, pero sí fueron sorprendentemente exitosas”. Según Magno, “los atacantes llevan casi dos meses manifestándose. Había indicios de que se reunirían en gran número en Brasilia. También han despreciado abiertamente los resultados de las elecciones y han declarado firmemente su intención de derrocar al gobierno brasileño legítimamente electo. Todos esos puntos deberían haber alertado y preparado a la policía de Brasilia, pero no lo hicieron”. Pese a estos hechos, Magno cree que “la democracia brasileña es fuerte y resiliente. Entre 200 y 400 personas ya han sido detenidas y el gobierno electo sigue en el poder. Sin embargo, las próximas semanas deberían traer investigaciones más profundas”.

Dilema. El episodio ocurrido en Brasilia pone sobre la mesa un dilema profundo que enfrentan quienes se identifican con las ideas de la libertad en la región, y en general todo aquel que no comulga con los socialismos dominantes en la política continental. Por un lado, la aparición de figuras como Jair Bolsonaro, que muestran un claro tinte conservador en muchos aspectos sociales, pero apuestan por figuras liberales para el manejo económico como en el caso del ex ministro Guedes, seducen a mucha gente por su oposición frontal a la hegemonía ideológica “de izquierda”. Por otro, estas figuras ostentan talantes que fácilmente giran hacia el autoritarismo. Algo que choca de frente con los valores de cualquier defensor de las ideas de la libertad.

Un tercer elemento complejo, es que tanto en sectores académicos, periodísticos y políticos, se tiende a tener un doble rasero bastante polémico a la hora de analizar y comunicar este tipo de episodios. Los mismos que describían los actos vandálicos y antidemocráticos recientes en Chile o Colombia, como expresiones populares dignas de comprensión, no dudan un minuto en calificar hechos como el de Brasilia como golpe de estado, atribuyendo directamente su autoría a los líderes políticos que no les gustan.

3. Protestas y persecución en Bolivia 

Miles de personas se congregaron esta semana en 7 de las principales ciudades de Bolivia para exigirle al gobierno la libertad de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Las protestas también apuntaron al sistema judicial, al cual se lo acusa de ser un “instrumento de persecución” del poder Ejecutivo y calificaron al gobierno del izquierdista Luis Arce, como una dictadura. En La Paz, capital del país, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y los grupos afines al gobierno, conformados en su mayoría por funcionarios públicos y militantes del MAS, partido oficialista cuyo líder es Evo Morales.

Trasfondo. Luis Fernando Camacho fue arrestado el miércoles 28 de diciembre y llevado a la cárcel, acusado de formar parte de una supuesta conspiración que, en 2019, forzó al entonces presidente Evo Morales a renunciar al cargo, luego de casi 14 años, y marcharse al exilio en México y Argentina. La detención de Camacho se llevó a cabo mediante un operativo de características cinematográficas. Un comando policial interceptó el paso del vehículo en el que se trasladaba, rompió la ventana y redujo con gas lacrimógeno a su equipo de seguridad en lo que más pareció un secuestro que un arresto legal.

La voz local. La efervescente situación que se vive en Bolivia, nos llevó a contactarno con Jhanisse Vaca Daza, reconocida activista ambiental local, quien nos dijo que hay tres aspectos fundamentales a tener en cuenta para entender lo que está ocurriendo en su país: “Lo primero es que el arresto de Camacho es la última pero no la única demostración de que en bolivia existe una persecución política muy dura. Al momento tenemos más de 180 presos políticos. Es muy preocupante la cifra tan alta de presos políticos cuando en la región todavía no se concibe al gobierno de Luis Arce como un gobierno autoritario”.

“Lo segundo a tener en cuenta, puntualizó Jhanisse, “es que la  movilización masiva que se ha estado dando en Santa Cruz, no tiene que entenderse como una pelea ideológica entre derecha e izquierda, sino la respuesta de la ciudadanía ante la conciencia del ataque constante a cualquier tipo de disidencia. Y el tercero es que “dentro de todo este marco la ciudadanía boliviana tiene motivos para desconfiar de nuestro aparato judicial, que es uno de los 10 peores del mundo de acuerdo a distintos rankings internacionales”.

La trama. También consultamos al conocido analista local Roberto Laserna, quien entiende que “Las movilizaciones en Santa Cruz no se motivan sólo por la libertad de Camacho, sino que ponen en cuestión el andamiaje institucional del país, comenzando por su sistema judicial, que tiene los más bajos índices de confianza del país, y siguiendo con la organización política del Estado. El rechazo al centralismo autoritario empieza a encarnarse en reivindicaciones federalistas, sugeridas por la demanda de “redefinir la relación con el Estado” que aprobó el cabildo de Santa Cruz”.

Según Roberto, “el gobierno de Luis Arce, hasta ahora, se ha escudado en la votación que le dio el mando y en los jueces y fiscales. Son escudos formidables aunque servirán de poco cuando a la inquietud social y política se añada la económica. La política económica de Arce se ha centrado en las necesidades del gobierno, pero ellas no son iguales a las de la población, y pueden más bien ser opuestas”.

4.Boric enfrenta crisis por indultos 

El presidente chileno, Gabriel Boric, no logra superar la seguidilla de escándalos que han puesto su apoyo popular en mínimos históricos. Esta semana, el tema central fue el otorgamiento de 12 indultos presidenciales a personas que se encontraban presas por acciones violentas durante el estallido de violencia social de 2019, y a otro ex guerrillero preso por asaltar un banco. La crisis ha costado la remoción de dos figuras clave del gobierno de Boric, como la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el Jefe de Gabinete, Matías Meza-Lopehandía, ambos del riñón político del mandatario izquierdista.

Trasfondo. La polémica en torno a estos indultos se debe a que algunos de los beneficiados contaban con profusos antecedentes penales. Esto en momentos en que la seguridad es una de las grandes preocupaciones de los chilenos, y uno de los puntos más complicados para un presidente como Boric, que tiende a ver con desconfianza a las fuerzas policiales, y a justificar algunas formas de delincuencia por motivos ideológicos. Pero para entender mejor el asunto, le escribimos a la periodista chilena Paula Schmidt, quien nos comentó lo siguiente: “Este episodio desató una aguda crisis que volvió a tensionar la relación entre las dos fuerzas políticas del oficialismo: Apruebo Dignidad desde donde emana el principal  círculo de confianza del Mandatario y Socialismo Democrático, compuesto por un izquierda más moderada hoy representada en el gabinete por la ministra del Interior, Carolina Tohá y el de Hacienda, Mario Marcel. Ambos con una vasta trayectoria política y técnica que sobrepasa con creces al de la nueva generación que hoy gobierna a Chile. Desde que asumieron sus respectivos cargos, han dejado ver su pericia y mayor prudencia para enfrentar diversas tormentas – aunque ninguna como la actual; ya que en esta oportunidad el Mandatario, además de emitir opiniones personales y evadir responsabilidades, confundió sus atribuciones al inmiscuirse en los fallos de los tribunales lo que provocó un duro choque entre el Ejecutivo y la Corte Suprema”.

Según Paula, “a siete días de haber cumplido con la promesa de campaña de indultar a “los presos de la revuelta”, Boric no sólo perdió 9 puntos de aprobación (hoy su nivel de rechazo asciende a 70%) sino también a dos personeros cercanos a su figura y miembros de su partido Convergencia Social: la ministra de Justicia, Marcela Ríos y Matías Meza-Lopehandía su ahora ex jefe de gabinete y asesor de mayor confianza”. Y concluye que “si el año pasado fue complejo para el gobierno, la crisis de los indultos agravada por reiterados pasos en falso hace vislumbrar que el 2023 no le será más favorable”.

5. Recrudece violencia en Perú 

El pasado lunes 9 de enero se convirtió en una jornada trágica para los peruanos. En apenas unas horas, se registraron 18 muertes en las ciudades de Puno y Juliaca, como consecuencia del enfrentamiento entre grupos violentos y la Policía Nacional. El número de fallecidos en todo el país asciende ahora hasta al menos 47 desde que el expresidente, Pedro Castillo Terrones, fue destituido y enviado a prisión el pasado 7 de diciembre. Los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte, quien ocupa la presidencia desde la caída de Castillo; elecciones inmediatas; y una Asamblea constituyente.

Según la Policía Nacional del Perú, grupos de infiltrados subversivos y agentes bolivianos estarían detrás de los hechos de violencia que se vienen registrando. Las autoridades también denunciaron la presencia de infiltrados allegados al grupo Sendero Luminoso.

Trasfondo. Una investigación realizada por el periódico local El Comercio, permitió saber que, entre 2021 y 2022, doce personas relacionadas al exmandatario boliviano, Evo Morales y al MAS (Movimiento por el Socialismo) boliviano, ingresaron al Perú en al menos 27 oportunidades. Lo hicieron para presentarse en diferentes eventos, casi todos realizados en Puno, ciudad ubicada en la sureña región conocida como el corredor Aymara, a orillas del lago Titicaca. Por eso, el 6 de enero, el Ministerio del Interior informó que la Superintendencia Nacional de Migraciones determinó que Evo Morales Ayma ya no podrá ingresar al territorio peruano. Medida que se extiende a ocho de sus colaboradores más cercanos. El primer ministro del Perú, Alberto Otárola, ha sido contundente al respecto: Morales “No volverá a entrar más a nuestro Perú”.

La voz local. Como siempre que necesitamos conocer en profundidad los acontecimientos que son noticia en su país, llamamos al amigo José Ignacio Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú.  Para José “Es evidente que la violencia viene del sur y de Bolivia. Cajamarca, que es supercastillista, está tranquila. En Junín que es la región de los cerronistas y de Peru Libre, tampoco no pasa nada. No hay problemas en la costa norte. La selva está tranquila. Qué coincidencia que la gran violencia, la más fuerte, se está dando al costado de Evo Morales. Eso te dice todo”.

Para José, “el gobierno de Dina Boluarte no ha actuado bien con la estrategia del manejo de la crisis y ahora estamos pagando las consecuencias. Entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, los líderes radicales de las protestas, decidieron darle al pueblo una “tregua” por las fiestas de fin de año. Lo hicieron porque sabían que estaban perdiendo la “batalla” y debían reorganizarse. Y allí el gobierno cometió el peor error que pudo cometer: dejó que estos líderes y cabecillas se reorganizaran sin ningún obstáculo. Hubiéramos evitado muertes y lo habríamos hecho utilizando las herramientas que la ley nos daba de forma incuestionable. El pueblo necesita salir a trabajar, el turismo necesita reactivarse, los emprendedores formales o informales deben comer, llevar un pan a su casa”.

Nota publicada originalmente en Mirada Sur

Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor

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