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La Semana Política: Legislativo fragmentado, QR y “banderas”

4 al 10 de diciembre de 2022

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Sin mayoría en diputados

El proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) presentado por el Órgano Ejecutivo no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado en la Cámara de Diputados, siendo rechazado tanto por la oposición como por el evismo. En el primer caso, se cuestiona el carácter “hipercentralista” del presupuesto, entre otros aspectos (ver La Semana Económica).

Del lado del grupo que responde al ex presidente Morales, parece tratarse de una deliberada apuesta por el obstruccionismo y la ingobernabilidad, al punto que sus voceros dicen que el arcismo debería buscar los votos en la “megacoalición” con sus “nuevos socios de la derecha”.

Desde el oficialismo se responde que los diputados evistas “piden pegas” a cambio de votar el PGE y el choquehuanquista Rolando Cuéllar propone cercar el Parlamento, para “chicotear” a los legisladores afines al ex mandatario.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, quien representa al oficialismo más orgánico, advierte que el presupuesto podría ser aplicado por el presidente Arce sin necesidad de una aprobación parlamentaria. Este podría ser un indicador de una probable línea a seguir por el Ejecutivo ante el fraccionamiento legislativo: el decretazo.

 

Apoyo a CFK y Castillo

En el correr de la semana, fueron vergonzosos los pronunciamientos desde el gobierno y el partido azul en favor de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), condenada en primera instancia por la justicia argentina por administración fraudulenta, en un caso de corrupción de obra pública que bordea los 1.000 millones de dólares.

Peor aún fue la “solidaridad” con el golpista peruano Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso de forma inconstitucional, además de intervenir otros poderes y organismos del Estado, y terminó destituido por una amplia mayoría del Parlamento.

Una vez más, el gobierno boliviano se mostró alineado con el club de las dictaduras regionales (el autócrata cubano Díaz-Canel tuvo el atrevimiento de hablar de una “violación a la soberanía popular”). Desde Human Rights Watch (HRW) se criticó la defensa de Arce a Castillo, señalando que “él no era la víctima, sino Perú”.

 

Marcha contra la persecución judicial

La movilización masiva volvió a Santa Cruz, con una marcha realizada el viernes “por la justicia y el derecho a la protesta”, ante la persecución judicial desatada contra los dirigentes del paro cívico. La ofensiva en tribunales se agrava por la ruptura del principio del juez natural, al haberse radicado varios de los procesos en la ciudad de La Paz.

Mientras tanto, continúa la impunidad de los agresores a periodistas y trabajadores de la prensa, en casos sucedidos tanto durante los 36 días de paro como en recientes avasallamientos (Ver La Semana Económica).

 

Denuncias de corrupción

La semana que acaba de pasar fue de alto voltaje en lo que respecta a las denuncias de corrupción. Al “Caso QR” en la alcaldía cruceña, atípico por incluir cobros irregulares digitalizados, se sumó después la difusión de un audio, donde el diputado evista Anyelo Céspedes presumía de su influencia sobre el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, a quien podría, según dijo, “hacer zapatear por 200.000 banderas (dólares)”.

Céspedes retrucó aludiendo a supuestas irregularidades en las que estaría implicado un hijo del presidente Arce. Por su parte, el procurador está cada vez más cuestionado, no sólo por este reciente escándalo sino por los numerosos juicios internacionales perdidos por Bolivia, en los que su repartición tuvo una actuación clave.

 

Añez y Pumari

Luego de que un tribunal rechazara un amparo constitucional y determinara que el caso EBA sea ventilado en la justicia ordinaria, la defensa de la ex presidente Jeanine Añez reclamó un juicio de responsabilidades en la ALP, recordando que la Fiscalía General del Estado planteó proposiciones acusatorias ante el Legislativo por hechos sucedidos cuando ocupaba la primera magistratura.

Uno de los abogados manifestó que, con estos requerimientos, el Ministerio Público “inviabilizó” que Añez sea juzgada por la vía ordinaria. Se prevé que el equipo jurídico de la ex mandataria presente una denuncia al respecto ante la CIDH.

Otro de los presos políticos más conocidos del país, el ex presidente cívico potosino Marco Pumari, rompió el silencio y dijo que “jueces y fiscales sólo cuidan intereses del MAS”, y que “si no ponemos un freno, mañana será tarde”.

 


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Emilio Martinez

Escritor y analista político

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