Crisis humanitaria en el lado boliviano; de la desactivación al escándalo; hoy audiencia cautelar sin Revilla; Adepcoca se reúne con el Gobierno; Velarde se declara culpable
Esto es lo que debes saber este martes 28 de febrero.
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Más migrantes que pobladores en la frontera
Sandro Flores, alcalde de Sabaya, municipio fronterizo con Chile, afirmó que debido a la militarización de la frontera, en el lado chileno, migrantes venezolanos, haitianos y colombianos se están aglomerando en la pequeña comunidad de Pisiga Bolívar y ya triplican los 400 habitantes de ese poblado, lo que está provocando una “crisis humanitaria”, ya que no hay servicios, alimentación ni infraestructura hotelera.
Debido a la altura sobre el nivel del mar de Pisiga Bolívar, el poblado boliviano más cercano a la comuna chilena de Colchane, las bajas temperaturas y la zona desértica que es utilizada para cruzar de noche de Bolivia a Chile, la autoridad dijo que ya se han registrado varios decesos de los migrantes. Flores llegará a la sede de gobierno en las próximas horas para conseguir apoyo y enfrentar la “crisis humanitaria”.
Las cuentas falsas se convierten en escándalo
Denuncias de corrupción, pedidos de investigación, anuncios de auditoría… la desactivación de cerca de 1.600 cuentas falsas en Facebook e Instagram, por parte de la empresa global Meta, han escalado hasta convertirse en un escándalo que amenaza con golpear duro al gobierno de Luis Arce y el uso de recursos públicos para financiar la activación y el funcionamiento de cuentas progubernamentales y antiopositoras.
Evo Morales, jefe del MAS, echó combustible al fuego con denuncias. Las oposiciones políticas, cívicas e institucionales pidieron que se investigue cómo se financiaba a los “guerreros digitales” y cómo estos creaban troles para atacar a los opositores y buscaban la eliminación de contenidos y portales de medios de comunicación. En juego están 1,1 millones de dólares que se habrían gastado vía presuntos actos de corrupción.
Hoy audiencia cautelar en el caso PumaKatari
El fiscal Tomás Choque informó que este martes se llevará adelante la audiencia de medidas cautelares en contra del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, por el caso del presunto sobreprecio en la compra de 61 buses PumaKatari. El Ministerio Público anticipó que solicitará la declaratoria de rebeldía y la emisión del mandamiento de aprehensión de Revilla, ya que informes migratorios confirmaron que salió a Brasil en 2021.
“El Juzgado Segundo Anticorrupción ya ha señalado audiencia de medidas cautelares para este martes a las 09:30 para el exalcalde Luis Revilla. Se está pidiendo la detención preventiva en el penal de San Pedro”, informó el fiscal Choque. Interpol activó el sello azul contra el exalcalde paceño para dar con su paradero. Una vez que se conozca ese dato, la Fiscalía solicitará la activación del sello rojo para la respectiva captura internacional.
Dirigentes de Adepcoca se reúnen con el Gobierno
Mientras los principales dirigentes de Adepcoca guardan detención preventiva en cárceles de La Paz y uno de ellos sufrió un accidente cerebro vascular en el penal de Chonchocoro, el vicepresidente de la institución cocalera de los Yungas paceños, Reynaldo Laura, admitió al diario Página Siete que dirigentes de Adepcoca se reúnen con autoridades del Gobierno que impulsaron un mercado paralelo para la hoja de coca.
Las reuniones entre cocaleros y el Gobierno fueron justificadas por Laura al señalar que el motivo de los encuentros es la comercialización de la hoja de coca; sin embargo, las bases cocaleras de las provincias Nor y Sud Yungas, además de Inquisivi, pusieron en duda la versión de los dirigentes y mostraron su temor de que terminen perdiendo el mercado de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz.
Excolaboradora de Sosa se declara culpable en caso BRT
Sandra Velarde Casal, exsecretaria municipal de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz en la gestión de Angélica Sosa, se declaró culpable del delito de incumplimiento de deberes en la ejecución del sistema de buses de tránsito rápido (BRT) y pidió ser condenada a tres años de prisión, lo que puede derivar en su excarcelación del penal cruceño de Palmasola.
Mediante un memorial, Velarde pide una pena de tres años por uno de tres delitos que le imputaron en el caso BRT que es el supuesto incumplimiento de deberes. La propuesta de procedimiento abreviado, en la que rechaza ir a un juicio oral, fue firmada por la excolaboradora de Sosa antes de Carnaval en una clínica privada, donde se encuentra internada desde el 8 de diciembre de 2022, informó el diario El Deber.
