Escucha la noticia
Bolivia está atrapada en una crisis estructural, profunda y cada vez más difícil de disimular. Sus efectos se sienten en la economía, se expresan en la política y terminan golpeando la vida cotidiana de la gente. En lo económico, el país vuelve a pagar la factura de una combinación conocida y costosa: estatismo, populismo y despilfarro. En lo político, seguimos arrastrando las secuelas del caudillismo, el centralismo y la desinstitucionalización. La pregunta de fondo ya no es si estamos en crisis, sino cómo salimos de ella antes de que erosione aún más la convivencia nacional.
La palabra crisis proviene del griego krísis, que aludía a decisión, juicio, separación o momento decisivo. Luego, el latín incorporó el término al lenguaje médico para nombrar el punto crítico de una enfermedad: ese instante en el que se definía si el paciente empezaba a recuperarse, empeoraba o moría.
Esa raíz ayuda a entender mejor el momento que vivimos. Una crisis no es apenas una dificultad acumulada ni una mala racha prolongada. Es un punto de inflexión que obliga a decidir, juzgar y cambiar de rumbo. Por eso encierra siempre una doble condición: peligro y oportunidad.
Durante los primeros meses de la actual gestión gubernamental, parecía posible que la oportunidad se impusiera sobre el peligro. Existía una expectativa razonable de corregir el rumbo, frenar el deterioro de las condiciones de vida y dejar atrás la polarización convertida en método de gobierno durante los veinte años anteriores.
Esa expectativa, sin embargo, comenzó a diluirse. La apuesta por el gradualismo económico y el individualismo político no dio los resultados esperados. Se perdió tiempo valioso, la imagen presidencial sufrió un desgaste considerable y la capacidad de conducción del Gobierno quedó debilitada. Lo más grave es que quienes provocaron buena parte de esta crisis vuelven a sentirse rehabilitados ante la opinión pública, con margen para desestabilizar la actual gestión y con la pretensión nada disimulada de regresar al poder.
Así, el país vuelve a caminar sobre un terreno incierto, donde el peligro parece ganarle terreno a la oportunidad. La principal amenaza económica proviene de la inseguridad energética, que continúa generando costos enormes para la economía nacional. Este problema está directamente ligado a la escasez de divisas, originada en la caída de las exportaciones de hidrocarburos y agravada por un régimen de subsidios que incentiva el desabastecimiento, la corrupción y el contrabando hacia las zonas fronterizas. En esas condiciones, cualquier cantidad de divisas será insuficiente si no se corrige la diferencia de precios, internos y externos, que las consume y las distorsiona.
No debe extrañar que los populistas quieren volver al poder, que las corporaciones sindicales buscan conservar sus privilegios y que una parte de la población pretenda evitar el sacrificio que impone la realidad económica. Pero esa realidad no se puede tapar con consignas. El agotamiento de las reservas de hidrocarburos y los límites del viejo modelo terminaron derrumbando la ilusión de una bonanza sostenida en el despilfarro de recursos naturales no renovables.
La salida, por tanto, exige algo más que administrar la coyuntura. Lo decisivo es que el Gobierno defina con claridad qué tipo de gestión quiere llevar adelante y bajo qué modelo político y económico pretende hacerlo. Solo así podrá articular los respaldos necesarios para ejecutar las políticas, reformas y proyectos que Bolivia necesita: no solo para superar la crisis económica, sino también para reconstruir la institucionalidad democrática y garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional.
Para ello, es imprescindible encarar un verdadero proceso de reestructuración y relanzamiento de la gestión gubernamental. No alcanza con cambiar nombres en el Consejo de Ministros ni con esperar que el respaldo ciudadano sobrevenga por inercia. Se requiere institucionalizar la construcción de acuerdos legislativos, abandonar prácticas que ya provocaron el agotamiento del sistema tradicional de partidos y dar señales inequívocas de integridad en la gestión pública. La lucha contra la corrupción no puede quedarse en el discurso: debe demostrarse con decisiones concretas, transparentes y verificables.
Solo de esa manera será posible recuperar la confianza ciudadana y construir el apoyo político que el Gobierno necesita para enfrentar la crisis con fortaleza y credibilidad. Bolivia ya no puede conformarse con administrar la emergencia. Necesita convertir este momento crítico en una oportunidad para ordenar la economía, reconstruir sus instituciones y sentar las bases de un desarrollo sostenible, democrático y de largo plazo.
