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Para un nuevo Pacto con el Estado

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Desde Santa Cruz, una vez más, se interpela al Estado Central y se da un salto cualitativo político: de una coyuntura social y técnico administrativa, como el Censo de Población y Vivienda, se pasa a la Superestructura y se habla de la relación de esta región con el Estado Central, centralista, concentrador y represivo. Viene interpelando al Estado Central miope e inepto desde el siglo XIX.

Hoy surge a la luz del cierre del último Cabildo, masivo y conmovedor como casi ninguno otro, celebrado en esta capital el domingo 13, después del negro viernes 11 de noviembre. Ese día, las hordas del régimen masista descargaron su violencia con furia nazi, contra una ciudadanía pacífica, en paro hace 25 días, exigiendo el cumplimiento de la Ley: un Censo oportuno, transparente y creíble para la redistribución de recursos y representación política en el Parlamento.

De ahí la necesidad de estudiar y discutir la cuestión regional, siempre desde un marco democrático, a pesar de los autócratas electoreros, que usan el método instrumental, el voto, pero nos roba la condición social de ciudadanos. Y recuerdo algunas citas que apuntan a realidades, siempre como síntesis de múltiples determinaciones, unidad de lo diverso.

Empiezo con el peruano José Carlos Mariátegui, quien, ya en 1928 señalaba que los abandonos u olvidos desde el gobierno central, provocan los llamados “regionalismos”, como “la expresión de un malestar y de un descontento” [1] como lo fueron las demandas cruceñas hasta el Memorándum de 1904, cuando adquirieron formas orgánicas de carácter político. Para Mariátegui, “el fin histórico de una descentralización no es secesionista… Se descentraliza no para separar y dividir a las regiones, sino para asegurar y perfeccionar su unidad dentro de una convivencia más orgánica y menos coercitiva. Regionalismo no quiere decir separatismo.” [2]

Para el historiador cruceño Isaac Sandoval Rodríguez “el problema regional conlleva un contenido de lucha de clase, pues, así como no puede darse una región desprovista de hombres de carne y hueso, de una población determinada, tampoco puede hablarse de un problema social en abstracto…” [3] Afirma que la matriz del proyecto regional se ubica en el conjunto de relaciones estructurales del sistema que “al condicionar un desarrollo desigual entre regiones, conlleva una latente conflictualidad entre grupos sociales dominantes en el centro y la periferia de la formación social (…) y se convierten en la razón causal explicativa …

Por su parte, Roberto Vila de Prado señala que “Los movimientos regionalistas serán más fuertes si el Estado nacional se caracteriza por fuertes disparidades regionales y existen regulaciones que establecen transferencias financieras desde las regiones más ricas a las menos ricas, y las primeras no son el centro político de la nación…” [4].  Apunta a que la ineficiente capacidad del Estado para integrar a las regiones en su proyecto político “disminuyen los incentivos que los movimientos regionales pueden tener para seguir formando parte” del mismo, pues no integra “a las elites regionales en el sistema de elites nacionales. Es decir, la presencia de otras elites puede crear “competencias territoriales que no están separadas por fronteras”. [5] El autor sostiene que cuando esa competencia crece, “gana credibilidad el argumento de que la autonomía política es necesaria para aumentar la competitividad económica.”

Fue un madrileño que enseñaba Metafísica en Madrid, José Ortega y Gasset, quien ya

en 1926, se imaginaba la “nueva anatomía de España en grandes regiones. A este poder local se entregaría la solución de los asuntos localizados en la existencia provincial. En manos del Poder Central y su Parlamento Nacional quedarían muy pocos asuntos. A temas locales, soluciones locales. En vez de un solo gobierno, enorme y abstracto, nueve o diez gobiernos menores que él. Es preciso acercar todo lo posible el lugar de la sentencia al lugar de la delincuencia. La autonomía regional traerá consigo la multiplicación de la capitalidad. Que la provincia sea lo menos provincia y lo más capital posible: esto es lo que importa conseguir”.[6]

Si nos aproximamos al pasado cercano, recordamos a Sergio Antelo en el Memorándum del Movimiento Autonomista Nación Camba, 2001, sobre la urgencia de “Un modelo autonómico con capacidad ejecutiva, legislativa y judicial” pues esa premisa “constituye una base mínima de negociación de un nuevo pacto con el Estado boliviano.” ¿Para qué? Para “Profundizar la democracia, acceder a la autodeterminación nacional, ratificar nuestra identidad colectiva, defender y proteger nuestros recursos naturales, promover la integración continental.” [7]

Desde el presente actual y desde la economía, para “acercar lo más posible la oferta a la demanda”, como dice la economista Carolina Gutiérrez Tejada.


[1]. Mariátegui, José Carlos. 7 ensayos de interpretación de la Realidad Peruana. Empresa Editora Amauta. XXIII Edición. Lima Perú. p 194

  1. 2. Ídem. p 207.
  2. Sandoval Rodríguez, Isaac. La cuestión regional en Santa Cruz. En El poder de las Regiones compilado por Fernando Calderón G. y Roberto Lucerna. Ediciones Ceres-Clacso. 1985 pp 148-150.
  3. 4. Vila de Prado, Roberto. Los conflictos étnicos en sociedades dividas por culturas. UGRM: Revista de Humanidades. Volumen 8. Santa Cruz, p128
  4. Ídem. p 129
  5. 6. Ortega y Gasset, José. Internet. Obras Completas. Internet
  6. Movimiento Autonomista Nación Camba. Santa Cruz de la Sierra, febrero 2001 del Siglo 21.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo

 

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