Alertan que la querella contra vocales del TSE busca la cabeza de líderes regionales con respaldo electoral

El diputado de Comunidad Ciudadana, Jorge Komadina, aseveró que la denuncia penal en contra de cuatro vocales del Tribunal Supremo Electoral que habilitaron a Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba, tiene el propósito de continuar la persecución penal contra líderes regionales con apoyo electoral.

“No hay ningún respeto a la independencia de poderes, y ahora con este juicio que se anuncia (contra los vocales, en el fondo) se quiere seguir persiguiendo a los líderes regionales que han ganado con mucha fuerza la elección, como es el caso de Manfred Reyes Villa, entonces la motivación no es jurídica ni una búsqueda de auténtica justicia, sino es escarmentar a los líderes de la oposición”, dijo el legislador a ANF.

Este martes se conoció que el diputado del MAS, Jhonny Pardo Ramírez, presentó una querella en contra de los vocales del TSE María Angélica Ruiz Vaca Díez, Nancy Gutiérrez Salas, Rosario Baptista Canedo y Salvador Romero Ballivián, por haber firmado la resolución 052/2021 que habilitó la candidatura de Manfred Reyes Villa a alcalde del municipio de Cochabamba.

“Durante el proceso electoral de las elecciones subnacionales 2021, de manera ilegal y arbitraria, a través del voto afirmativo de cada uno de ellos, emiten la resolución TSE-RSP-JUR N° 052/2021 del 3 de marzo de 2021, resuelven dejar sin efecto la inhabilitación dispuesta por la resolución TSE-RSP-JUR N° 043/2021 del 26 de febrero de 2021 sobre la candidatura del ciudadano Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi como candidato a alcalde del municipio de Cochabamba”, señala parte de la denuncia, a la que accedió El Deber, que presentó Pardo.

Desde que se conoció la candidatura de Reyes Villa, el partido oficialista intentó inhabilitarla con diversos recursos, sin resultados. El 1 de febrero, la bancada del MAS de diputados de Cochabamba anunció que presentará una denuncia penal en contra de los vocales, que fue concretada el 15 de julio de este año mediante un memorial dirigido a la Fiscalía Anticorrupción de La Paz. Se los acusa de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Komadina indicó que la presentación de esta denuncia penal es el reinicio de la persecución a autoridades y líderes de la oposición y que las pautas que indican que esa es la intención son las convocatorias a declarar ya ejecutadas contra Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana; José Antonio Quiroga, que fue un importante miembro de la dirección nacional de CC; el hostigamiento al alcalde de La Paz, Iván Arias y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Además, dijo, “sin que se observen los debidos procesos están siendo perseguidos algunos activistas políticos que han sido detenidos en las últimas horas”, lo que consideramos “una señal alarmante que pone en juego no sólo la libertad de algunas personas, sino al propio al sistema democrático”.

Indicó que este actuar del Gobierno se enmarca en un plan que tiene el propósito de construir un modelo político no democrático, donde “todo el sistema judicial está siendo utilizado como un martillo, como un arma para destruir y doblegar a la oposición o neutralizarla”.

En ese sentido, el diputado consideró que el Gobierno está acelerando el proceso de “conculcación paulatina de derechos, pero también de judicialización de la política y de persecución de la oposición”.

Cuestionó la nueva detención preventiva por seis meses más de la expresidenta Jeanine Áñez, la denuncia penal contra los cuatro vocales del TSE y la negativa de la Fiscalía a Creemos a su derecho de apersonamiento en el caso fraude electoral, entre otros episodios, como parte de un plan sistemático que está siendo ejecutado “fríamente” por la cúpula del MAS, particularmente por el entorno de Evo Morales, para trata de borrar los hechos históricos del año 2019 sobre la “poderosa movilización ciudadana en defensa de sus derechos políticos” que terminó con el gobierno de Evo Morales.

Dijo que el sistema de justicia en Bolivia carece de competencia e imparcialidad para juzgar debidamente “todos estos casos, estas detenciones, estos acosos contra la oposición política, pero también contra ciudadanos que han intervenido en esas movilizaciones”.