Política

Cabildo potosino exige cuatro renuncias y da 24 horas al gobierno para que abrogue la Ley 1386

Luis Arce y David Choquehuanca son declarados personas no gratas en Potosí

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Un multitudinario cabildo realizado este miércoles en Potosí exigió la renuncia del gobernador Johnny Mamani, del presidente de la Asamblea Departamental Marcial Ayali, del comandante departamental de la Policía Juan Carlos Mercado y de la defensora del pueblo Nadia Cruz. Además, dio un plazo de 24 horas al gobierno de Luis Arce para que abrogue la Ley 1386 y anule el paquete de normas que buscan someter a la sociedad boliviana.

El cabildo exigió la renuncia del Gobernador y del Presidente de la Asamblea Departamental de Potosí por haber financiado y encabezado los enfrentamientos entre vecinos de la ciudad de Potosí y campesinos trasladados desde el norte potosino que dejaron un joven campesino muerto este martes y más de 50 heridos.

En el caso de la Defensora del Pueblo y del Comandante Departamental de la Policía, el cabildo exigió su renuncia por su parcialización con los masistas que enfrentaron a los potosinos movilizados en contra de la Ley 1386 y defender los intereses políticos del gobierno.

El cabildo potosino también declaró personas no gratas y enemigos de la población de ese departamento al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca por su conducta discriminatoria y tiránica en contra de los potosinos que ejercen su derecho constitucional a la protesta.

Además, fueron aprobadas otras resoluciones entre las que resalta exigir a la Fiscalía Departamental el inicio de un proceso de investigación de la muerte del joven campesino Basilio Titi en los enfrentamientos de este martes que también dejaron gravemente herido a un universitario y a otras 50 personas que se movilizaron en contra de las denominadas “leyes malditas”.

El cabildo potosino resolvió mantener el paro indefinido, con un lapso para el abastecimiento de artículos de primera necesidad, y las movilizaciones de los diferentes sectores sociales hasta que el gobierno abrogue la Ley 1386 y las otras normas aprobadas sin consenso en la Asamblea Legislativa.


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