Justicia constitucional dispone que juristas transcriban 1,5 millones de partidas para el referéndum judicial
Vuelven a convocar al llenado de libros en el "Día Nacional por la Justicia"
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Los juristas independientes pierden la batalla ante los vocales del Tribunal Supremo Electoral. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó otorgar tutela en el amparo constitucional presentado por los promotores del referéndum judicial y, por tanto, deben cumplir con la obligación de transcribir 1,5 millones de partidas en un soporte digital.
Los juristas independientes deberán presentar los libros llenados con 1,5 millones de firmas el 23 de abril, cuando venza el plazo para la recolección de adhesiones ciudadanas, y también deberán presentar la transcripción de datos de quienes han firmado los libros desde el 25 de enero de este año.
El fallo en contra fue rechazado por José Antonio Rivera, Kathia Saucedo y Juan Del Granado, integrantes de los juristas independientes que participaron en la audiencia que comenzó pasadas las 08:00 de este jueves y culminó después del mediodía en la ciudad de La Paz.
Rivera cuestionó que la justicia constitucional haya “bendecido” el hecho de que se jerarquice y se aplique primero el Reglamento de Verificación de Firmas sobre la Constitución Política del Estado que establece la democracia directa mediante la iniciativa ciudadana.
Para Saucedo, el fallo de la Sala Constitucional Primera determina un funesto precedente porque ahora las autoridades administrativas ya no tienen la obligación de realizar una “revisión primaria de la Constitución” y podrán aplicar su reglamento como norma de mayor jerarquía.
Por su parte, Del Granado dijo que pese al fallo que niega la tutela y vulnera la Constitución, el colectivo de juristas renueva la convocatoria al “Día Nacional por la Justicia” que se realizará este domingo a nivel nacional para reunir las firmas que falta y cumplir la meta de 1,5 millones de adhesiones en 1.500 libros que ahora deberán estar acompañados por la trascripción exigida por el Tribunal Supremo Electoral.
