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Los dos últimos hechos de violencia ocurridos en Guarayos tras el asalto a Las Londras, una propiedad agropecuaria de la empresa Jihusa, no son una novedad en la zona, ni en el resto del departamento cruceño. Desde hace ya varios años, más de una voz ha tratado de llamar la atención hacia la presencia de grupos armados que operan a lo largo y ancho del departamento, sobre todo en sus Áreas de Protección y Parques Nacionales. Lo hacen cada vez con más violencia y sin miramientos, seguros de gozar de una impunidad solo posible por la desidia e incluso la complicidad de autoridades que deberían combatirlos.
Son grupos armados que actúan para proteger negocios ilícitos que van desde el tráfico de madera, animales silvestres y tierras, hasta el tráfico de drogas. Imposible creer que la realidad ahora expuesta no haya sido ya de conocimiento de las autoridades de gobierno, de la Policía y Ministerio Público, todas ellas muy solícitas a la hora de hablar de “grupos de terroristas”, “golpistas” o “criminales” cuando conviene a la agenda o discurso oficial del partido de gobierno, pero sordas, ciegas y mudas frente a denuncias concretas hechas sobre la presencia y actuación de esos grupos armados.
Basta hacer un recuento de las notas de prensa y reportajes especiales publicados por los medios de comunicación, en especial los medios locales, entre los que destaco EL DEBER (que tiene una data accesible y con datos fehacientes), La Región y, recientemente, la revista Nómadas. También está la abundante información detallada que publican varias oenegés que trabajan en temas de pueblos indígenas y medio ambiente, entre otras las fundaciones Tierra y Para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano; o los testimonios vivos datos por los grupos de bomberos voluntarios que pelean contra el fuego justo en las zonas más golpeadas por el tráfico de tierras y de madera.
Una realidad a la que incluso le han dado la espalda no solo las autoridades municipales y del departamento de Santa Cruz, sino también muchos lugareños y también dirigentes y afiliados de algunos de los sectores más afectados como son los agropecuario e industrial, como lo demuestra precisamente el caso reciente de Las Londras. Tal vez creyendo que el atropello y la violencia no les afectarían, que lograrían zafarse de una acción criminal que ha sobrepasado ya demasiados límites. Craso y grave error, como queda en evidencia hoy tras lo ocurrido en Las Londras. Dos hechos que dejan en evidencia, además, la absoluta indefensión en la que estamos los bolivianos, no solo porque la Justicia no funciona, sino también, o sobre todo, porque el gobierno central parece estar apostando a que así sea.
Hay muchos elementos para sospechar del gobierno central. O más propiamente dicho, de la cúpula partidaria que gobierna al país. Más de un vocero del MAS ha aludido a sus “fuerzas revolucionarias”, a su determinación de tomar las armas para “defender” lo que ellos llaman su “revolución”. Las arengas de guerra civil, patria o muerte, etcétera, solo son algunos ejemplos más. A estos se suman anuncios como el hecho por líderes del MAS en Chapare, sobre la llegada de extranjeros para “instruir” en la “lucha antimperialista” a sus jóvenes militantes, como es el caso de la venezolana Iris Varela Rangel, por citar uno.
Solo recordando los hechos más recientes, llama la atención la permisividad con la que autoridades del INRA, de la ABT, del mismo Ministerio Público actúan frente a denuncias de avasallamientos, tráficos de tierra, quemas provocadas, amedrentamientos, etcétera, en las que los involucrados son de los sectores afines al MAS. En este último caso, el de Las Londras, vean sólo como el ministro de Gobierno se refiere a los hombres armados que invadieron la propiedad, agredieron e hirieron a cuatro personas allí y luego hicieron lo mismo con un grupo de periodistas y policías, a los que mantuvieron de rehenes por varias horas: “comunarios de Guarayos”, cuando es evidente que son más que simples comunitarios del lugar o meros avasalladores.
Cierro con una observación hecha al respecto por el abogado Jorge Rivero, porque creo urgente ver el tema más allá de la nueva denuncia. Luego de revisar detenidamente las imágenes del ataque a periodistas, Rivero afirma “de manera contundente, que estamos frente a un grupo paramilitar, formado y adiestrado con tácticas de combate. Se ve de manera objetiva el tipo de indumentaria, la forma de empuñar el armamento, la manera de desplazamiento, formación de combate y organización con voz de mando”. Preocupa, dice, porque así comenzaros las FARC y la AUC en Colombia, el FSLN en Nicaragua y el FMLN en El Salvador. A cincuenta años, no han logrado ser desarticulados “y ahora están al servicio del narcotráfico internacional y ya no de sus reivindicaciones ideológicas”.
No hay dudas. Lo de Las Londras no es apenas un hecho más de avasallamiento. ¿Qué hay detrás de esta cadena de hechos irregulares?, ¿quiénes y por qué los alientan?, ¿acaso la desidia para combatirlos, frenarlos y castigarlos es intencional, busca provocar reacciones también violentas? Son solo algunas de muchas preguntas que urgen ser respondidas con urgencia. Hay que insistir: Bolivia merece y puede tener una mejor suerte, mejor destino.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
