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Aeropuertos militarizados, exponen los casos Vila Vila y Playa Verde, Bachelet se lava las manos, legalizan las “escuchas telefónicas”

Esto es lo que debes saber este jueves 19 de agosto.

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Paro de 24 horas y militarización de los aeropuertos

Pese a que la dirigencia nacional de Aasana firmó esta madrugada un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, los trabajadores de base desconocieron el convenio y ratificaron el paro de 24 horas en 42 terminales aéreas del país, por lo que el gobierno dispuso la militarización de los aeropuertos para garantizar las operaciones aeronáuticas. Los militares permiten el ingreso solo de personas que tienen boletos de viaje.

El paro de 24 horas exige la destitución de la directora general, Arminda Choque, y la anulación de la reestructuración que implica la reducción de personal de planta y rebaja de salarios. El ministro del Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo se aplicará un plan de contingencia que busca normalizar los servicios en los 42 aeropuertos. El plan contempla la militarización que las operaciones sean normales.

Funcionarios públicos emboscaron a la Columna Sur

Dos integrantes del Grupo de Expertos expusieron el informe del GIEI en Sucre y revelaron que la Columna Sur que partió de la capital del país el 5 de noviembre rumbo a La Paz fue atacada en la localidad de Vila Vila por “servidores públicos” que estaban bajo órdenes del exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez, tomaron a 15 personas como rehenes y cometieron violaciones de derechos humanos y agresiones sexuales, informó el diario Correo del Sur.

Marlon Weichert, especialista brasileño del GIEI, dijo que el informe señala que “las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y (…) que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro, para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla”.

La Caravana Minera pudo haber acabado en masacre

En la exposición de dos miembros del Grupo de Expertos de la CIDH se informó que el ataque a la caravana de mineros que partió el 9 de noviembre de Potosí en auxilio de la Columna Sur pudo haber acabado en una masacre porque fue emboscada con disparos de armas de fuego desde los cerros y la planicie llamada Playa Verde, entre las localidades orureñas de Challapata y Huancané, reportó Correo del Sur.

“Esos hechos de Challapata donde hubo la tentativa de ejecución de personas de la caravana, que han victimado a cinco personas heridas, con lesiones corporales, podría haberse transformado en una masacre”, dijo el experto brasileño Marlon Weichert, quien afirmó con contundencia que “este ataque fue realizado por personas que también recibieron el apoyo del poder público”.

Bachelet derivó el pedido de auxilio de Jeanine Áñez

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, derivó a la Misión Técnica de esa instancia en Bolivia la solicitud que hiciera en julio la expresidenta Jeanine Áñez para informarle los atropellos y arbitrariedades que sufre desde que fue encarcelada preventivamente, en marzo de este año, en un caso inventado por el gobierno actual.

“Me permito sugerirle que su hija Carolina Ribera Áñez, o la persona que usted disponga transmita a la Misión Técnica la información que estime pertinente. La Misión también puede brindarle información general sobre los diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas”, señala una carta con fecha de 5 de agosto y difundida por el medio digital Asuntos Centrales.

Un proyecto de ley formaliza las “escuchas telefónicas”

El Senado aprobó anoche el proyecto de Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, que legaliza las polémicas “escuchas telefónicas”; dispone la anulación de la personería jurídica a quienes incurran en delitos de corrupción; crea la figura del “colaborador eficaz”, una especie de testigo para procesos; y juzgará a las personas en rebeldía cuando no se presenten a estrados.

Las “escuchas telefónicas”, que ya causaron polémica en julio cuando se aprobó la Ley que otorga poderes ilimitados a la Unidad de Investigaciones Financieras, provocó amplio debate entre senadores oficialistas y opositores. Otro tema polémico es que se contemplará como daño económico grave desde los 7 millones de bolivianos y  por debajo de esa cifra, será daño económico no grave.


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