Continúan los análisis sobre el informe del GIEI en los medios: aquí dos editoriales y un artículo de opinión
Página Siete descata la ecuanimidad, La Razón la confirmación de las masacres y Emilio Martínez lo bueno del informe.
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Página Siete – El ecuánime informe del GIEI
El oficialismo y las oposiciones no esperaban que el informe del grupo de expertos de la CIDH “indagara sobre las causas estructurales de la violencia” en el último trimestre de 2019, sostiene el editorial de este jueves de Página Siete y esa afirmación refuerza lo “ecuánime” del informe porque “repartió culpas a uno y otro bando, no porque eso sea políticamente correcto, sino, porque así sucedieron los hechos”, vale decir que sí es justo catalogar como “masacres” lo sucedido en Sacaba y Senkata, pero también es justo que se califique como graves violaciones a los derechos humanos lo que ocurrió en Montero, Vila Vila y Playa Verde.
Es más, Página Siete recoge dos antecedentes mencionados en el informe del GIEI para entender el origen de la gravísima crisis política en el país. “El documento deja establecido que el expresidente (Evo) Morales se prorrogó en su mandato, que sólo debía ser de dos períodos. Hizo posible el tercero argumentando que el Estado acababa de ser refundado y que el primer período no contaba, y para optar por el cuarto, desconoció el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, en el que la mayoría de los bolivianos le dijo No a una nueva reelección”.
Después de un repaso cronológico de los hechos violentos en 2019 –Montero, Vila Vila, Playa Verde, incendios de buses PumaKatari y casas de Waldo Albarracín y Casimira Lema–, el diario crítico al gobierno sostiene que será imposible encontrar justicia con operadores judiciales sometidos al poder político y prueba de ello es que se decidió impulsar un juicio de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Áñez y nada contra el exmandatario Evo Morales. De todas maneras, Página Siete vuelve sobre el aporte que supone el informe del GIEI y concluye su editorial afirmando que “la investigación terminó siendo un golpe a la retórica del golpe”.
La Razón – Fueron masacres
El editorial del diario paceño de este miércoles concentra su análisis en dos casos de graves violaciones a los derechos humanos y, a partir de ello, comienza con la certeza, a la luz del informe del grupo de expertos de la CIDH, que hubo masacres en Sacaba y Senkata. “Esta constatación implica verdad, reparación integral a las víctimas y juicio contra los responsables”. “En el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, se hicieron al amparo de un Decreto Supremo de impunidad firmado por (Jeanine) Áñez y sus ministros”, afirma La Razón
Luego de mencionar que en el gobierno de la expresidenta Áñez “se pusieron una serie de obstáculos y vetos” para la realización de la investigación independiente, el editorial sostiene que “finalmente el país conoce el robusto informe de 468 páginas del GIEI, el cual demuestra que en el período de septiembre a diciembre de 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia, incluidas masacres, torturas, detenciones ilegales, criminalización y persecución política, discursos de odio, actos de racismo y violencia de género”, pero no menciona en qué casos se cometieron esa larga lista de violaciones a los derechos humanos.
Para el diario paraestatal, “se caen así los vanos intentos por negar, justificar o legitimar estas masacres”. Recuerda que los argumentos que se desplegaron fueron que “se mataron entre ellos”, que hubo “fuego cruzado” o que “iban a hacer volar la planta de gas” y hubo “condenables silencios” como el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. “Hoy se reafirma que en Sacaba y Senkata se masacró con el aval de un Decreto. Procede pues un pronto juicio de responsabilidades”, finaliza la opinión de La Razón.
Emilio Martínez – Lo bueno, lo malo y lo feo del informe del GIEI (I)
El columnista de Público.bo y otros medios comenzó el análisis del informe del grupo de expertos de la CIDH por lo bueno, prometiendo entregas futuras con lo malo y lo feo del extenso documento. Destaca que el texto utiliza las palabras “crisis electoral” y no “golpe de Estado”, además de “presidenta interina” y no “gobierno de facto”; y describe el origen de la crisis en el intento prorroguista de Evo Morales materializado en 2016 y sus “actitudes polarizadoras” como sus descalificaciones a organizaciones ciudadanas y a las protestas juveniles.
Martínez presenta más cosas buenas del informe. Recoge una parte textual que señala que “es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctimas”; además del pedido que hace el GIEI para evitar que el informe sea utilizado como herramienta de persecución a adversarios del poder, una práctica que persiste en la actualidad; y el cuestionamiento del grupo de expertos al “uso desmedido” de la detención preventiva, precisamente como instrumento de persecución política.
Finalmente, el escritor y analista político anota como positivo del informe el que se marque con claridad la falta de independencia del sistema judicial. “Se debe garantizar que los fiscales y otros operadores de justicia asignados a estas investigaciones sean debidamente seleccionados, y cuenten con la necesaria formación, experticia e integridad profesional”, es la frase que rescata del documento que complementa que los fiscales e investigadores no deben estar “sometidos a presiones políticas o influencias indebidas”.
