Padre de Camacho sindicado, diálogo condicionado, polémica ley departamental, sexta baja en la Policía, Chaparina 10 años después
Esto es lo importante de este sábado 25 de septiembre.
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Padre de Camacho citado a declarar en 10 días en La Paz
José Luis Camacho, padre del Gobernador de Santa Cruz, deberá presentarse dentro de 10 días, el 5 de octubre, en la Fiscalía de La Paz para declarar en calidad de sindicado sobre los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el inventado caso “golpe de Estado”. Roberto Castedo, abogado defensor, dijo que Camacho no recibió ninguna notificación de que sea parte de ese caso.
“El señor José Luis Camacho fue restringido de su libertad desde las 10:00 hasta las 14:30, después un fiscal de materia se constituyó al aeropuerto internacional de Viru Viru y le entregó una citación para que se presente a declarar el 5 de octubre en la Fiscalía de La Paz”, explicó el jurista luego de anunciar que se activarán todos los mecanismos de defensa para el padre de Luis Fernando Camacho.
Diálogo gobierno-cocaleros comienza con varios pedidos
El diálogo entre el gobierno y los sectores de cocaleros en conflicto por la titularidad de Adepcoca, convocado por el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, comenzó este sábado en la tarde en instalaciones de la Vicepresidencia con la participación de productores de hoja de coca de Nor y Sud Yungas que llegaron con varios pedidos que condicionarán el proceso de diálogo.
Wilber Vargas, integrante del Comité de Autodefensa de Adepcoca, dijo que su sector tiene tres pedidos. “El primer punto es la recuperación de nuestras instalaciones”, refiriéndose a Adepcoca. señaló. El segundo es la separación de los ministros que han causado “todo este alboroto”. El tercer punto es la “liberación de los detenidos y anulación de los procesos” judiciales en su contra.
Polémica ley departamental irá al Tribunal Constitucional
Luego de que el ministro de Justicia, Iván Lima, denunciara que en Santa Cruz se pretende cometer “separatismo” con una Ley Departamental para la elección de autoridades regionales, el presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, dejó en manos del Tribunal Constitucional para que, en el marco de sus competencias, someta esa norma a control de constitucionalidad.
“Todas las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa Departamental tienen presunción de constitucionalidad, si es que existiese algo que no es así, es el Tribunal Constitucional el que tendrá que dirimir, esa es una ley que recién ha sido aprobada, no ha sido promulgada”, afirmó Matkovic, quien negó que esa ley sea “separatista”, como la calificó Lima.
Sexta baja definitiva de un jefe policial por el motín
El coronel Aníbal Rivas se convirtió este sábado en el sexto jefe policial en ser dado de baja de manera definitiva de la institución del orden por el motín policial y los hechos violentos de 2019. El coronel afectado sostuvo que “sembraron” pruebas en su contra y que el Tribunal Disciplinario de la Policía se inclinó a favor del denunciante, el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori.
Antes de Rivas fueron dados de baja sin derecho a la reincorporación el general Yuri Calderón, a los coroneles Nelson Flores e Iván Rojas, al mayor Jhamil Sandi y al capitán Marcelo Gutiérrez. “Si me dan de baja no es por delincuente, no he cometido ningún acto de corrupción, no hice nada irregular. Me están dando de baja por no ser servil, por no prestarme al juego”, manifestó Rivas.
Recuerdan 10 años de represión e impunidad en Chaparina
El 25 de septiembre de 2011 indígenas de tierras bajas y altas del país que protagonizaban la octava marcha en defensa del Tipnis fueron duramente reprimidos por la Policía en la localidad beniana de Chaparina. El objetivo del entonces presidente Evo Morales era desbaratar la movilización, pero no se concretó y en octubre de ese año la marcha indígena ingresó triunfante a la ciudad de La Paz.
El ministro de gobierno de ese momento Sacha Llorenti dijo que “se rompió la cadena de mando” y descargó sus responsabilidades en la Policía. Llorenti, entre otros, fue excluido de la demanda penal que se interpuso en 2011 dejando el hecho en la impunidad, recordó este sábado la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia.
